El fenómeno de la globalización,
los avances en la tecnología de la información, y los adelantos en las
telecomunicaciones instauran escenarios y desafíos drásticamente distintos a los
experimentados décadas atrás. No hay duda que estos cambios han provocado
profundas transformaciones en prácticamente todos los aspectos de la vida
cotidiana. La criminalidad no es la excepción: estamos siendo testigos de la
comisión de delitos cada vez más sofisticados y el surgimiento de estructuras
criminales cada vez más complejas, que comprometen y dañan de manera negativa
los bienes jurídicos tutelados por el Estado.
En especial, el ciberdelito se
caracteriza por la utilización de medios electrónicos, que incluyen no sólo
equipos de cómputo, sino también teléfonos inteligentes, redes de internet,
cadenas de servidores y plataformas virtuales, entre otros, para la comisión de
ilícitos. El margen de maniobra de los delincuentes es bastante amplio.
Aunque, en México la ciberdeliencuencia
es una actividad que ha ido ascendiendo durante los últimos años, las nuevas
tecnologías y las herramientas informáticas han propiciado nuevos método para cometer actos ilícitos. En ese sentido, la Comisión
Nacional de Seguridad reporta que alrededor del 40% de la población en México
(50.1 millones de personas) utiliza el Internet, por lo tanto, existe una gran posibilidad
de que se pueden cometer delitos a través de estos medios electrónicos. De
diciembre de 2012 a febrero de 2014, se han presentado 21 mil denuncias por
ciberdelitos. Sin embargo, esta cifra puede ser cuestionable debido al número
real de delitos cometidos, ya que no todos son denunciados.
Para dimensionar la gravedad del
problema cabe destacar que durante 2013, 378 millones de personas fueron
víctimas de este delito alrededor del planeta, lo que equivale a 12 víctimas
por segundo.
Los principales delitos cometidos
por medios electrónicos en México, según la Policía Federal a través de la
División Científicas, son, en primer lugar la pornografía infantil, en segundo
lugar la corrupción de menores, en tercer lugar la pedofilia, en cuarto lugar
amenazas a menores y en quinto lugar la usurpación de identidad. Cabe destacar,
que el perfil de los responsables de los ciberdelitos es muy particular: su
edad oscila edad entre los 18 y 25 años, tienen un nivel económico medio y
poseen una formación profesional. Es importante destacar que nuestro país no
dispone de estadísticas sobre ciberdelincuencia. Este asunto constituye una
debilidad, y es una asignatura pendiente en la agenda del combate a este
ilícito.
En términos económicos, tan sólo
en 2013 los delitos cibernéticos tuvieron un costo de 113 mil millones de dólares
americanos a nivel global, cifra que rebasa los ingresos anuales generados por
diversas actividades perpetradas por la delincuencia organizada. En el caso
específico de nuestro país, se calcula que el costo de los delitos informáticos
asciende a alrededor de 39 mil millones de pesos, encabezando la lista de
países latinoamericanos en los que la población ha sido víctima de algún tipo
de ciberdelito, seguido por Colombia y Brasil.
El impacto económico es alto,
pero es aún más cuando se considera la desconfianza que genera en la población.
Por destacar un dato: para el año 2012 en México, el 36% de las personas
señalaron que no realizaron compras por Internet ante el temor de proporcionar
los datos de su Tarjeta de Crédito y que estos pudieran ser robados.
En materia de ciberdelincuencia existen
numerosos retos. El primero de ellos es la tipificación exacta y puntual de las
conductas delictivas. El segundo, la conservación y resguardo de la evidencia
mediante la implementación de cadenas de custodia adecuadas. En tercer lugar,
la ejecución eficaz del análisis forense sobre dicha evidencia, debido a su
alta complejidad técnica. En cuarto lugar, el desafío de desarrollar habilidades y competencias de los recursos
humanos institucionales mediante la capacitación y especialización de los
servidores públicos responsables del seguimiento de este tipo de delitos.
Quinto. A nivel internacional se requiere eliminar los obstáculos entre países
mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional.
El Convenio de Budapest es hasta
la fecha el único instrumento internacional más avanzado en materia de combate
a la ciberdelincuencia. De ahí que resulta imperativo concretar su vinculación a
la mayor brevedad. Dicho instrumento permitirá establecer mecanismos de cooperación
más eficientes y expeditos para investigar y sancionar esta clase de conductas.
La mayor fortaleza de este delito radica en que trasciende las fronteras
geográficas y jurisdiccionales de los países. Es necesario
La adhesión de México a dicho Convenio
constituirá un punto de partida fundamental para la actualización y mejora de
la legislación en materia de ciberdelito. Aunado a ello, y en respuesta a este
fenómeno delictivo que avanza vertiginosamente, deben fortalecerse las
instituciones a través de la transformación y modernización de nuestras
estructuras, así como de las técnicas de investigación que se utilizan.
La aprobación de las reformas
necesarias para actualizar el marco jurídico nacional, permitirá a México
colocarse a la vanguardia, a fin de responder a las necesidades de la sociedad
y convertirse en un líder en la zona en el combate a la ciberdelincuencia.
En un mundo como en el que
vivimos, es una prioridad la adaptación de las leyes y de las autoridades a un
entorno que cambia todos los días, incluso cada hora. El objetivo debe ser
generar un marco de confianza y seguridad para la ciudadanía, adoptando las
mejores prácticas a nivel internacional.
Aunque la mayoría de los
cibercrimenes son formas más sofisticadas de otros tipos de crímenes que ya
existían en el mundo offline, la ciberdelincuencia presenta retos novedosos a
las autoridades, ya que los delincuentes han aprendido a utilizar las
tecnologías para aumentar su alcance y mantenerse en el anonimato. El Estado
tiene la obligación de ser mejor en adoptar tecnologías para combatir este tipo
de delitos.
Para esto, es indispensable la
colaboración de todas las autoridades dentro de México, y también, que las
naciones tiendan líneas de comunicación que nos permitan compartir experiencia
y combatir estas actividades más allá de forma internacional, ya que el
ciberespacio no tiene fronteras.
Quiero destacar las siguientes
ideas en torno al tema:
Primero.- El impacto económico
del cibercrimen es grave, pero el costo social es mayor, por el daño que
ocasiona a ciertos sectores de la población.
Segundo.- Se requiere trabajar en
la producción de estadísticas que permitan entender la magnitud de este
fenómeno para poder contar con mejores políticas públicas para combatirlo;
Tercero.- Es indispensable
fomentar la cultura de la denuncia de los ciberdelitos;
Cuarto.- El cibercrimen es un
fenómeno global, complejo y transfronterizo, por lo que es urgente aprovechar
los esquemas de cooperación internacional y trabajar con los diversos órdenes
de gobierno para combatir el cibercrimen;
Quinto.- Es indispensable adecuar
nuestra legislación para que las autoridades puedan combatir el cibercrimen de
manera efectiva y oportuna.
Por último, México todavía tiene
bastante camino por recorrer, ya que es necesario tener mayor capacitación a
nivel técnico, realizar la armonización legislativa en la materia, aumentar la
coordinación con otros países, e incrementar la inversión tecnológica en
seguridad.
Omar N. Torres García. Politólogo.
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